Reseña

En 2011, el gobierno de Felipe Calderón a través de la paraestatal CFE anunció el inicio de obras de un megaproyecto energético denominado Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual constaría de cuatro infraestructuras: dos termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto de 160 km de longitud, un acueducto de 12 km de longitud y la red de transmisión eléctrica asociada. En el momento actual, año 2020, el PIM no ha podido iniciar operaciones a pesar de contar con el 99% de esta infraestructura. La razón principal: carece del recurso hídrico para la puesta en marcha del sistema de enfriamiento del ciclo combinado de la termoeléctrica debido a que los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, se resisten por la vía legal y la resistencia civil a que se derive el agua residual tratada del río Cuautla hacia los ductos de aducción de la termoeléctrica. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué error de cálculo tuvieron los desarrolladores de este emprendimiento, que no han logrado echar a andar un proyecto que contó con una inversión extranjera directa millonaria y ha tenido ya un elevado costo social, económico y político?, ¿por qué no han obtenido la licencia social de las comunidades aledañas para operar?
Este estudio analiza las causas e impactos sociales de este conflicto distributivo entre las instituciones del Estado y los concesionarios del agua del río Cuautla pertenecientes a ASURCO.