Reseña

¿En qué medida se sustentan con evidencia sólida las decisiones gubernamentales que impactan en la vida de millones de personas? ¿Qué factores determinan la adopción de procesos de uso de evidencia en organizaciones gubernamentales? ¿Qué lecciones y aprendizajes podemos obtener para diseñar e implementar programas al documentar y analizar esfuerzos locales por usar evidencia?

Con frecuencia observamos que en el ámbito gubernamental parti
cularmente en el sector educativo persiste una combinación de narrativas y expectativas en las que se aspira a que las personas responsables del diseño e implementación de políticas y programas cuenten con un proceso de uso de evidencias concluyentes e información estratégica resultado de una política de acopio y organización permanente para los múltiples procesos de toma de
decisiones inherentes a un ejercicio responsable de la función pública.

En el caso mexicano, diversos esfuerzos para promover el uso de evidencia en decisiones y acciones gubernamentales en el sistema educativo tuvieron lugar particularmente desde principios del siglo actual y hasta el año 2018, debido a que se observó una tendencia a crear y consolidar organismos y agencias destinadas a generar, interpretar y promover el uso de información en procesos de toma de decisiones, destacando en especial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Ambas agencias gubernamentales se constituyeron en ejemplos de una concreción de políticas estatales destinadas a fortalecer primordialmente la oferta de información estratégica (Cárdenas et al.,2022) como un insumo que contribuiría a generar o atender una demanda por conocimiento necesario, tanto para lograr una mejor definición de problemas públicos como para orientar y sustentar la continuidad de diferentes decisiones y acciones gubernamentales en las políticas educativas y social del país.