La inclusión educativa y su Estado de derecho en el neoliberalismo
Construir un sistema educativo realmente democrático nos obliga a implicarnos en una tarea prospectiva, que requiere tener presente los cambios que están teniendo lugar en nuestras sociedades, las oportunidades que se abren, así como los peligros que acechan, para poder imaginar con algo más de rigor el mundo del futuro y, por consiguiente, las probables necesidades del alumnado que ahora está en las aulas.
Es necesario plantear una oposición crítica, que genere alternativas basadas en las necesidades reales de la población, particularmente de la población marginada. También programas que surjan de lo social para dar respuesta a las problemáticas sociales, y que los planes de formación establezcan vínculos y relaciones reales y eficaces, que los docentes de educación especial puedan narrase como sujetos portadores de saberes, desde otros lugares, no forzosamente desde la inclusión educativa.
La política educativa en materia de inclusión está perfectamente diseñada y es, además de congruente, sentida, justa y democrática pero por el otro lado, debido a la difícil situación del país y de sus ciudadanos, no está teniendo el impacto que debiera.