Reseña

El desarrollo endógeno se ha consolidado como una estrategia clave para fortalecer las capacidades locales y regionales frente a los desafíos globales. En un contexto marcado por la postpandemia, la digitalización acelerada y la reconfiguración geopolítica, el papel de las empresas, la innovación tecnológica y social y, el capital humano se vuelven problemáticas centrales para impulsar economías regionales y locales resilientes y sostenibles. Sin embargo, en México, la innovación en tecnología, el corazón de los cambios en economía, sigue en gran parte de carácter incipiente y depende de la importación de dispositivos avanzados, lo que ha generado una brecha en su adaptación.
Para superar esta dependencia, la transferencia de tecnología es una estrategia fundamental. Involucra un intercambio colaborativo de conocimientos y recursos entre actores como empresas, universidades, centros de investigación y agentes gubernamentales para desarrollar productos que atiendan las necesidades regionales y locales.
A pesar de eso la innovación tecnológica no se limita a la adopción de herramientas digitales, sino que implica la transformación de procesos, productos y modelos de negocio. Existen en México los sistemas regionales de innovación que han demostrado cómo las organizaciones intermedias pueden facilitar la transferencia tecnológica y fomentar la competitividad. Además, el uso de tecnologías de la industria 4.0 en algunas regiones ha permitido mejorar la eficiencia productiva y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Estos procesos tienen que complementarse con la innovación social, que especialmente en los niveles locales es sustancial para el avance de la capacidad innovadora en la economía y en la sociedad.
En este contexto, los resultados de las investigaciones reportadas en este eje muestran que las innovaciones sociales que surgieron como respuesta a la pandemia atendieron necesidades urgentes, principalmente de la población vulnerable, pretendiendo garantizar la salud comunitaria mediante telemedicina, la producción local de insumos médicos y brigadas de salud y, seguridad alimentaria a través de redes solidarias de producción y distribución de alimentos. La mayor parte de estas iniciativas fueron impulsadas por la articulación de actores locales –comunidades, organizaciones civiles, universidades y gobiernos locales–, demostrando la importancia del capital social para enfrentar problemas prioritarios adaptados a contextos territoriales particulares. Si bien varias innovaciones se lograron implementar rápidamente ante la emergencia, enfrentaron también limitaciones como escasez de recursos, dependencia de voluntariado, dificultades de coordinación y ausencia de marcos institucionales que garanticen su apoyo y sostenibilidad en el largo plazo.
En términos generales se puede decir que la pandemia impulsó la innovación social en México, al mostrar el potencial que existe para la articulación de actores con la intención de atender problemas colectivos urgentes y complejos, y a la vez hizo evidente la necesidad de institucionalizar y escalar estas soluciones más allá de la contingencia.
Otro aspecto importante de los trabajos presentados en el eje conforma la problemática de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), que representan el núcleo productivo de muchas regiones. Sin embargo, estas enfrentan obstáculos estructurales como la inseguridad, la informalidad y la falta de acceso a financiamiento. En las presentaciones se demuestra que en algunas regiones la seguridad pública es un factor clave para el desarrollo de las MIPYMES. Esta hipótesis se confirmó en uno de los trabajos de investigación presentados en el eje que se centró en el estudio de las mujeres que realizan actividades comerciales en una MIPYMES bajo la figura del emprendimiento femenino.
La figura de emprendimiento femenino representa una oportunidad para el fortalecimiento económico y crecimiento personal digno de las mujeres quienes buscan en estos negocios un apoyo a diversas situaciones económicas y sociales, sin embargo, en el desarrollo de estas actividades pueden ser vulnerables y sufrir algún tipo de violencia, asimismo, se pueden ver limitadas por la falta de acceso a las oportunidades de financiamiento y a la informalidad. En este sentido la inclusión financiera resulta ser una herramienta poderosa que permite acceder a mayores beneficios financieros a las mujeres para el desarrollo del emprendimiento femenino. La figura de emprendimiento femenino ha tenido gran auge en la post pandemia en donde la figura femenina se empodera y busca desarrollar sus propias actividades mercantiles con diversos fines, entre los que destacan: el apoyo económico familiar, la independencia, el crecimiento personal y mejorar su nivel y calidad de vida. Sin embargo, en ocasiones estas labores se ven reprimidas a causa de sufrir diversos tipos de violencia, resaltando la: de género, intrafamiliar o doméstica, laboral, institucional, física, psicológica y sexual entre otras.
Otro tema importante que surge de los trabajos presentados, es el de capital humano que es el pilar del desarrollo endógeno. Este es un recurso indispensable que contribuye al funcionamiento eficiente de las empresas, además de la innovación y la tecnología. La triada innovación, tecnología y capital humano sirve para impulsar la transformación económica, social y cultural de las regiones y localidades y, al combinarse y encontrar un engranaje entre ellos, hacen que la competitividad y la productividad impulsen el logro de los objetivos de una empresa.
En este sentido las actividades que contribuyen a la formación, retención y actualización de talento local son fundamentales para sostener los procesos de innovación. Estudios recientes evidencian que la brecha de talento es uno de los principales obstáculos para la innovación en las MIPYMES. La inversión en educación técnica, formación continua y políticas de inclusión laboral son esenciales para cerrar esta brecha. Por otro lado, en las últimas décadas, el fortalecimiento del capital humano se ha posicionado como un eje estratégico para el desarrollo endógeno, especialmente en los gobiernos locales que enfrentan limitaciones estructurales para gestionar de forma eficaz sus recursos y atender las demandas ciudadanas.
Como último tema, pero no menos importante, surge la cuestión del desarrollo de la Economía Social y Solidaria (ESS) que se presenta como una alternativa que cuestiona la hegemonía del modelo económico liberal-capitalista, y propone reorganizar las relaciones socioeconómica bajo principios éticos, solidarios y democráticos. En México, la ESS se ha consolidado institucionalmente, sin embargo, no se exime de enfrentar retos vinculados a desigualdades territoriales, tensiones doctrinales y limitaciones estructurales. En los trabajos presentados en el eje, se parte del reconocimiento de que comprender la ESS requiere un análisis que trascienda enfoques puramente económicos, e incluya dimensiones políticas, culturales y territoriales, propias de los sistemas complejos.
En la realidad como la mexicana, la implementación de la ESS implica repensar la intervención y límites del Estado, así como de las comunidades y del mercado, sobre todo a la hora de articularse como interventores de valor económico y social. Actualmente y con más impulso desde 2018, la política actual de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), han demostrado que estas alianzas no responden como simples incubadoras de empresas, sino que han servido para la reconstrucción de tejido social, a la vez que se preserva el patrimonio cultural, y se generan capacidades locales para la detonación de un desarrollo sostenibles. De esta manera, la ESS se puede definir como aquella economía que responde a la satisfacción de necesidades colectivas, a la equidad, y a la resistencia territorial, a la vez que se vincula con las comunidades, actores y actoras territoriales, y se busca el bien común, consolidándose como propuesta profunda a nivel político, social y ético.
Resumiendo, hoy más que nunca, el desarrollo endógeno requiere una visión integral que articule empresas dinámicas, innovación tecnológica pertinente y capital humano capacitado. La clave está en fortalecer las capacidades innovadoras locales y regionales, fomentar la cooperación entre actores de los sistemas de innovación y diseñar políticas públicas que reconozcan la diversidad territorial.
En la segunda parte de este libro, revisamos la importancia de la inclusión en miras a la sustentabilidad no se logra sin considerar el enfoque de igualdad de género como un eje transversal en la comprensión, análisis, gestión y planificación territorial. La equidad de género y la igualdad sustantiva en clave de justicia social, verde y de género son motores indispensables para el desarrollo regional que a su vez fortalecen la gobernanza de los territorios y redundan en mayor inclusión e igualdad a modo de ciclo virtuoso.
La inclusión de la perspectiva de género tiene repercusiones epistemológicas, conceptuales, teóricas, metodológicas, técnicas, en el análisis y recolección de datos, estratégicas y políticas. La democracia se empobrece y la gestión de los territorios está incompleta sin considerar al género. Por ello, a 30 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en septiembre de 1995 y a cinco años de la fecha del cumplimiento de la Agenda 2023, ante los desafíos geopolíticos, globalizadores y la reconfiguración de las macrorregiones y sus economías, tiene sentido insistir en trabajos que se planteen en la articulación del desarrollo regional y el género, se realicen desde una perspectiva de género y/o se centren en estudios de caso, territorios y poblaciones en razón de género.
Desafíos como la amenaza civilizatoria que plantea el Cambio Ambiental Global, el cambio climático y la gestión de vulnerabilidades situadas y riesgo de desastres, las movilidades, desplazamientos y migraciones que atraviesan los territorios, la fronterización y las dinámicas globales, la geopolítica, los ordenamientos territoriales locales, las dinámicas económicas sectoriales, los mercados de trabajo, las brechas rural-urbanas, las dinámicas de población, la empresa, la innovación tecnológica y de capital humano, el turismo, así como las dinámicas culturales, históricas y educativas en las regiones apuntan a procesos dinámicos y complejos de reconfiguraciones que requieren abordajes teóricos, conceptuales, metodológicos en clave de epistemologías innovadoras, sistémicas, de estudio de caso, con análisis rigurosos.
A pesar de que el escenario global es desalentador, y los casos locales documentan importantes retrocesos y escenarios de crisis en razón de género, es importante insistir en los avances que sí se han logrado e irlos articulando a lógicas más amplias que puedan darles sustento, interlocución y retroalimentación, transformando las mentalidades excluyentes, potenciando el desarrollo de capitales múltiples y revitalizando las lógicas de lo público −ampliamente entendido− y del gobierno y las políticas públicas. Seguido, los avances en materia de igualdad sustantiva y los procesos sólidos de empoderamiento que vienen emparejados de resistencias, respuestas de contragolpe, reforzamiento de exclusiones, resurgimiento de fundamentalismos y todo tipo de violencias.
Los trabajos en el presente libro, resultan del esfuerzo colectivo por problematizar al género y los desafíos contemporáneos en el desarrollo regional en México en el contexto de los obstáculos estructurales y simbólicos. Por primera vez México tiene una presidenta mujer, Claudia Sheinbaum Pardo y una Secretaría de las Mujeres. Al asumir su mandato enfatizó un paquete de reformas constitucionales en aras de apuntalar la justicia social en tres pilares: igualdad sustantiva, equidad salarial y el derecho y acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia. En el Índice Global de Brecha de Género México ocupa el ranking 33 de 146 países, y aunque parece prometedor, es relevante destacar que los avances del país se dan por las políticas de paridad transversal en el ámbito político y por políticas de acceso universal a servicios educativos y de salud, así como el impacto de ciertas políticas de corte asistencial-mujerista. A su vez, la justicia social es un marco teórico y analítico feminista, que, enfocada en la ‘paridad participativa’ para las sociedades postsociales en el marco de la globalización y las crisis civilizatorias consta de tres pilares fundamentales: la dimensión política de la representación, la dimensión económica de la redistribución y la dimensión socio-cultural del reconocimiento.
En la dimensión económica de la redistribución, en torno al empoderamiento femenino, los cambios sociales y económicos de las últimas décadas iniciaron transformaciones en el seno familiar, tanto en la estructura, tamaño y funciones económicas de los hogares. Las mujeres han elevado su participación en las actividades productivas, produciendo un incremento en el número de hogares con jefatura femenina, sin que las relaciones de género y las responsabilidades entre los integrantes del núcleo familiar se modifiquen. Esa contradicción, entre las esferas domésticas y extradomésticas del trabajo sigue condicionando negativamente la participación económica de las mujeres, así como la democracia al interior de los hogares. Los hogares con jefatura femenina presentan diversos factores sociales, culturales y económicos que los identifica. El trabajo de las mujeres son una muestra social muy importante en la nueva economía global, y por ende tiene sentido analizar la evolución e impacto de los hogares encabezados por mujeres, desde una perspectiva de género.
La desigualdad de género es una problemática social actual en la que intervienen diversas variables que identifican los efectos adversos sobre un grupo poblacional. Este tipo de desigualdad es considerada como horizontal, ya que no hace una distinción entre los grupos poblacionales más ricos y pobres, como se considera en la desigualdad vertical; sino que la OIT identifica a las mujeres como un grupo en situación desfavorecida y que son discriminadas en relación con los hombres. Por ende, resulta relevante analizar a la desigualdad de género en términos de la desigualdad laboral para explicar la capacidad económica de las mujeres como resultado de su inserción al mercado laboral; ya que, si bien, se ha roto el paradigma tradicional y genérico de vincularlas con la reproducción y los cuidados del hogar, y a los hombres con la producción, aún no se consolida un esquema de igualdad de oportunidades y persisten las brechas de género y la discriminación salarial.
De cara a las limitaciones estructurales en los mercados laborales, las mujeres han sido pioneras en procesos de empoderamiento empresarial. Esto permite comprender cómo las mujeres no solo son moldeadas por estructuras sociales preexistentes —como normas de género, políticas públicas y sistemas económicos—, sino que también actúan sobre ellas, transformándolas a través de su agencia. A pesar de las barreras estructurales que enfrentan tales como el limitado acceso a financiamiento, la escasa visibilidad de redes formales de apoyo y estereotipos persistentes sobre el rol femenino, en los estudios de caso también se documentan procesos de empoderamiento sostenidos en la resiliencia, el apoyo familiar, la motivación por la autonomía y la generación de redes informales de colaboración entre mujeres.
En los procesos de tejer autonomía, las dinámicas de desarrollo se favorecen al incorporar las lentes de la interseccionalidad y la interculturalidad, con alcance regional. Por ejemplo, en las redes de mujeres cooperativistas en comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han vivido históricamente múltiples formas de opresión, marcadas por el racismo, el machismo y la pobreza estructural. Estas mujeres han sido marginadas de la economía, confinadas a trabajos no remunerados y excluidas de la propiedad de la tierra y de la participación en decisiones comunitarias. Su rol ha sido invisibilizado en el ámbito público como en el privado, perpetuando desigualdades profundas que aún persisten. Sin embargo, a partir de emprendimientos situados como cooperativas rurales reconfiguran las relaciones de poder, afirmando las identidades culturales donde se promueve el desarrollo local desde una lógica de tejido social arraigo y reciprocidad. Se trata de redes que impulsan las mujeres en múltiples dimensiones: económica, emocional, organizativa y territorial. El tejido social que emerge de estas experiencias pone al centro la sororidad, el cuidado colectivo y el liderazgo comunitario femenino como fundamentos para resistir contextos de discriminación, extractivismo y migración forzada.
Profundizando en las alternativas, en la dimensión política de la representación, hay un aumento significativo de mujeres en política en el país -particularmente a raíz de las reformas a lo largo de las últimas tres décadas. Las mujeres se han enfrentado a una lucha histórica para hacer valer sus derechos de igualdad, equidad y libre participación entre varios rubros, uno de ellos, la participación política, siendo el poder legislativo tanto a niveles locales como el federal, el principal poder donde se han percibido los cambios en materia de ley y representación de las mujeres. Mujeres que a partir de la paridad vertical, horizontal y transversal han llegado a todos los puestos de decisión del Estado, aunque las mentalidades y cosmovisiones mudan gradualmente, y los precios a pagar para ‘ganarse el lugar’ implican un aumento muy significativo en términos de violencia política en razón de género. Esto, aunado con la violencia política generalizada y los desafíos por el control fáctico de los territorios con sus dinámicas violentas, hace que la mayoría de mujeres teman por su vida al participar en política. No es de extrañar que la mayoría de asesinatos de personas políticas se dan a nivel local y que, a pesar de las trayectorias en ascenso de las mujeres en política, la elección y reelección sea más difícil para ellas a nivel local. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres con representación activa, redes políticas, trayectorias políticas y carreras públicas profesionalizantes de impacto. Empero, en los últimos dos procesos electorales ha bajado en lugar de aumentar en porcentaje de alcaldesas (-1% en cada proceso electoral). Adicionalmente, el hecho de contar con congresos conformados hasta en un 70% de mujeres no ha garantizado el que se transversalice la perspectiva de género entre mujeres y hombres en política ni en la sociedad.
La violencia de género y la desigualdad representan desafíos persistentes a nivel global, con profundas repercusiones socioeconómicas y humanas. En cuanto a la dimensión socio-cultural del reconocimiento, las violencias en razón de género se han intensificado, por lo que insistir en prácticas de cuidado es indispensable, más allá de la esfera doméstica y típicamente femenina. Así como la verdadera democracia se logrará cuando los hombres se inserten de manera masiva a los cuidados, es pertinente que el espacio público, típicamente considerado masculino y violento, se transforme en espacio convivial de cuidados, bienestar y buen trato. Esto es particularmente relevante pensando en clave interseccional e intercultural, de género y generación. México es el país de mayor violencia homicida y sexual para las infancias. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, en México 7 de cada 10 mujeres han declarado haber sufrido por lo menos un tipo de violencia alguna vez en su vida. Las repercusiones que tiene la violencia delimitan la forma en que las mujeres interactúan con su medio y se relacionan con los demás. A esto sumamos la cultura de ilegalidades y el contexto de violencia generalizada. Las luchas por los territorios han exacerbado todas las formas de violencia en zonas de alta marginación. Se ha identificado una notable escasez de estudios que profundicen en la percepción de la población femenina sobre la igualdad y la violencia en la entidad, lo cual puede limitar la capacidad para diseñar intervenciones efectivas. De cara a estos escenarios, cómo generar alternativas a la violencia, tales como investigar la percepción de la igualdad y el empoderamiento femenino, así como tomar focos ampliados en las pesquisas, por ejemplo, centrar estudios de la violencia no en las víctimas, sino también en los victimarios: los hombres y las masculinidades. El mayor número de crímenes que se comenten en la sociedad mexicana es cometido por los varones, en general, la violencia social es ejercida por varones hacia otros hombres y en especial contra las mujeres. Asimismo, se plantea la importancia de estudios de caso y técnicos con una dimensión territorial, por ejemplo, al vincular el diseño urbano, la ubicación de los servicios y la ausencia de infraestructura adecuada que refuerzan la segregación espacial y dificultan la movilidad libre, segura y equitativa en los contextos geográficos contemporáneos. Repensar y reconfigurar a las ciudades y poblaciones rurales de México requiere una perspectiva más humana, sostenible y equitativa, sensible a los derechos humanos y colectivos.
Finalmente, en este volumen se incluyen las reseñas literarias de siete obras de reciente aparición, que consideramos que abonan a la literatura especializada los análisis en las ciencias para el desarrollo regional; en esta edición en particular, con 3 enfoques bien marcados, orientados a las fronteras y la migración, la sustentabilidad micro y macrorregional, y, la economía para el desarrollo. Varias de las obras son de libre acceso y en las reseñas podrán encontrar la ruta para poder consultarlas.