Prevención de la trata de personas en comunidades rurales e indígenas (principales lenguas)
La trata de personas se define como toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación mediante la esclavitud; condición de siervo; prostitución ajena o explotación sexual; explotación laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzosa; uso de personas menores actividades delincuenciales; adopción ilegal de personas menores; matrimonio forzoso o servil; tráfico de órganos, tejidos, células y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes son grupos en particular situación de riesgo. La desigualdad y la falta de oportunidades generan mayor vulnerabilidad para ser víctimas de estos delitos. La necesidad económica obliga a las personas a migrar dentro o fuera del país, así como a aceptar trabajos en condiciones de explotación. La CNDH considera fundamental abordar la trata de personas desde sus diferentes y complejas modalidades, y como el resultado de los modelos económicos que deshumanizan a las personas y las convierten en mercancías, que puede estar relacionada con diversos delitos. Se requiere del compromiso del Estado para consolidar las políticas públicas que buscan combatir y erradicar estos delitos, así como de la participación de nuestra sociedad en la detección y denuncia de la trata de personas en todas sus formas.