Reseña

Los hallazgos de este documento confirman que la violencia por prejuicio en México
sigue siendo un fenómeno estructural, persistente y con impactos multidimensionales. Lejos
de disminuir, se mantiene como una realidad cotidiana que amenaza la vida, la dignidad y
la seguridad de las personas LGBT+, y que se expresa de manera diferenciada en los
cuatro ejes principales que registra.
En primer lugar, los asesinatos continúan marcados por la saña, el uso de múltiples
mecanismos de violencia y una impunidad que supera el 90%. Las mujeres trans
concentran la mayoría de las víctimas, lo que reafirma que los cuerpos feminizados y trans
son percibidos como blancos preferentes de disciplinamiento social.
En el caso de las desapariciones, el crecimiento es alarmante: 49 casos documentados en
2024, que evidencian cómo esta forma de violencia funciona como un dispositivo de
castigo, silenciamiento y control. La participación activa de colectivos y familias sociales ha
sido clave para visibilizar un fenómeno que el Estado sigue sin reconocer plenamente en
sus registros y protocolos.
Los atentados también mostraron un repunte sin precedentes en 2024, con 31 casos. Estos
ataques no solo lesionan a las víctimas directamente, sino que instalan un clima de miedo e
intimidación que limita la libertad de expresión de género, la participación política y la vida
comunitaria de las personas LGBT+.
Finalmente, los suicidios vinculados a discriminación confirman que la violencia estructural
no solo se expresa en agresiones externas, sino también en el deterioro de la salud mental.
La falta de entornos familiares seguros, el acoso escolar y la ausencia de servicios de salud
mental incluyentes alimentan un contexto en el que jóvenes, personas trans y comunidades
históricamente marginadas ven reducidas sus opciones de vida.
Estos cuatro ejes, analizados en conjunto, muestran que la violencia contra personas
LGBT+ en México no es una serie de hechos aislados, sino un entramado sistemático
sostenido por la impunidad, los discursos de odio, la ausencia de políticas públicas
efectivas y presupuestos etiquetados. El país enfrenta un reto mayúsculo: transformar la
visibilización de estas violencias en acciones concretas que prevengan, sancionen y
reparen, colocando en el centro la vida y la dignidad de las personas LGBT+.