Reseña

El final de la pandemia del COVID-19 abrió la expectativa de que algunos gobiernos de la región revertieran las políticas migratorias de control y protección internacional que dificultaron más las migraciones y movilidades durante la emergencia sanitaria (ej. restricciones a la movilidad y a las solicitudes de asilo bajo el argumento de los riesgos a la salud pública). Sin embargo, las nuevas medidas llevadas por los Estados parecen enfocadas en mantener el statu quo y desaprovechan la oportunidad de avanzar en la gestión de las migraciones desde el paradigma de la seguridad humana.

En la frontera norte de México, el fin del Título 42 no dio lugar a una restitución del sistema de asilo estadounidense ni a un escenario migratorio ordenado, seguro y regular. La aplicación del Título 8 y otras disposiciones legales impiden que gran parte de las poblaciones en movilidad carezcan de una vía para migrar. La difícil situación de riesgos y precariedad en las que se encuentran los migrantes y solicitantes de protección internacional en las ciudades del norte del país, tuvo uno de sus reflejos más trágicos en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023. En la frontera sur, pese a las innovaciones introducidas en el sistema de asilo mexicano, Tapachula sigue siendo esa ciudad de espera para obtener refugio y visas humanitarias, a la que los migrantes y sus defensores han denominado “ciudad cárcel”.

Uno de los objetivos principales es analizar temas vinculados a las migraciones y la movilidad en relación con los efectos de las políticas migratorias de control, integración y protección internacional (o en su caso, la ausencia de las mismas). Trabajos que desde las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales analicen y expliquen estos fenómenos migratorios mediante robustas aproximaciones teóricas, metodológicas y/o análisis empíricos.