Reseña

Durante la crisis del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abierta entre 2016 y 2017 por la campaña e inesperado triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, afloraron en los principales medios de comunicación mexicanos y estadounidenses sorprendidas lamentaciones de parte de connotados políticos, diplomáticos, empresarios, economistas y periodistas sobre la falta de autoridad moral, la psique y el racismo cínico del nuevo presidente, aseverando que, de desaparecer o siquiera retroceder un poco el libre comercio, las pérdidas económicas que padecería el país serían incontables para todos.
También es indispensable señalar que el “nuevo” balance sobre el libre comercio supuestamente adverso para los Estados Unidos (!), pregonado por Donald Trump, se basó en una consideración sesgada de las balanzas comerciales internacionales de ese país, pues en ellas no se podía apreciar cómo los grandes capitales trasnacionales, operantes en varias regiones del mundo (dentro de las cuales sobresalían China, Europa, Canadá o México) habían obtenido descomunales ganancias, a pesar del “inexplicable” hecho de que EUA, durante la última década, se había adaptado eficazmente a operar en una situación de déficit comercial. Lo cual ocurría a la par que el hegemón se endeudaba continuamente y se deterioraba su planta productiva nacional, además de degradarse la calidad de vida de los mismos estadounidenses, sin perspectiva de solución alguna. Fenómeno real que Trump, para sorpresa de muchos, capitalizó políticamente al presentar maniqueamente, frente a la castigada población WASP, la imagen de una nación que supuestamente se habría comportado de manera altruista en sus relaciones comerciales con los demás países del mundo, sacrificándose estoicamente durante veinte años a favor del crecimiento mundial.
Así pues, en los balances del libre comercio de corte neoliberal, siempre se da por supuesto que los múltiples beneficios económicos del libre comercio superan abrumadoramente todos los costos económicos, tecnológicos, sociales, políticos, jurídicos, culturales y ambientales. Pero ello presupone implícitamente, a la inversa, la idea de que ningún costo social, político, jurídico, ambiental o cultural puede alcanzar o cuestionar nunca a los beneficios económicos. Y ello oculta, finalmente, que de lo que se está hablando es de los beneficios de las grandes empresas transnacionales, que no de la humanidad en general o de algún país concreto. De manera que nunca nadie en su sano juicio procede a calcular y a comparar de forma pública, plural y rigurosa, semejantes saldos cuantitativos y cualitativos, pues, en nuestros arrogantes tiempos de imparable crecimiento económico, ello parecería poco menos que una labor ridícula e inútil.
Para el pueblo de México resulta inadmisible la confusión narrativa que han ocasionado, por un lado, la airada defensa doctrinaria que los neoliberales como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y sus respectivos séquitos hicieron del TLCAN, y por otro, el ataque ocasional que los supremacistas trumpianos hicieron del mismo tratado, pero además también la pragmática defensa del libre comercio que los promotores del T-MEC han hecho, incluso dentro de algunos espacios estratégicos de la 4T, olvidándose de las dinámicas institucionales, sociales y ambientales destructivas y generadoras de ganancias fáciles que durante 30 años ocasionó dicho modelo. ¿Sería la firma del T-MEC entre México y Estados Unidos justamente la prueba fehaciente de que la doctrina norteamericana del libre comercio sigue intacta?
Este ejercicio de recopilación de acusaciones jurídicas populares y de reflexiones críticas arrojó un saldo y una memoria histórica que discrepaba de las narrativas economicistas sobre el libre comercio, pero posteriormente también discrepó de las representaciones que promovieron los crispados aspavientos electorales norteamericanos o las arengas de la guerra comercial de Trump, cuando México fue colocado por él como un país tramposo, bandolero, violador, mafioso, criminal y ganador dentro del libre comercio. La confusión provocada por tales narrativas volverá a ocurrir cada vez que los inescrupulosos y extremistas políticos estadounidenses y mexicanos, así como los políticos y empresarios oportunistas que ágil y seductoramente se mueven adentro de la 4T, procuren retrotraernos a la situación de plenos privilegios que les brindó el TLCAN durante 30 años. Justo por ello, esta memoria histórica popular en 2022 continúa teniendo actualidad, muy especialmente mientras Estados Unidos persista económica, política y militarmente en intentar meter en cintura a América Latina y a México, y mientras la descompuesta derecha mexicana busque sacar provecho promoviendo la avalancha mediática de dichas confusiones.
Por ello, resulta esencial no dejar fuera de nuestros balances históricos: las dinámicas de destrucción y aborto continuo de las fuerzas productivas de México; el predominio de una producción industrial y agroindustrial depredadoras de nuestra población y medio ambiente; la persistencia de un extractivismo irrestricto de minerales e hidrocarburos bajo el yugo americano-canadiense; el consumo despilfarrador de todo tipo de mercancías estadounidenses con valores de uso nocivos (gasolinas, gas shale, millones de vehículos automotores privados, alimentos quimicalizados, plásticos, sustancias tóxicas, transgénicos, obsolescencia programada de electrodomésticos y bienes electroinformáticos, etc.), que exacerban el crecimiento destructivo de la vida urbana, el desbordamiento de todo tipo de residuos tóxicos y el deterioro estructural de la salud de todos los mexicanos, así como las demás violencias estructurales de tipo criminal, jurídicas, sociales y culturales, que nos impuso esta relación desigual. Frente a aquella contabilidad fraudulenta de saldos históricos, resulta particularmente urgente romper el silencio inmoral por parte de algunos funcionarios y académicos sobre los principales costos humanos, ambientales y de salud que se padecen en el país.
El moderno historial de desgracias ambientales y sanitarias y la falta de regulación ambiental en México posiblemente tiene su primera etapa desde el fin de la segunda guerra mundial y hasta los años setenta, cuando México emplea masivamente, por primera vez, plaguicidas altamente peligrosos en los cultivos algodoneros de Mexicali y La Laguna. Dicho problema escala conforme el uso de agroquímicos tóxicos se extiende por el campo mexicano durante los años sesenta, propiciando la contaminación regular de diversos procesos agropecuarios de producción de alimentos. En los años sesenta y setenta este fenómeno converge con otros procesos altamente contaminantes que comienzan a hacerse patentes por las emisiones de los inmensos parques industriales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que normalizaron accidentes industriales en instalaciones extractivas, en las destinadas al traslado y almacenamiento del crudo o en las grandes refinerías y las instalaciones petroquímicas que las rodean. Otra contaminación temprana está asociada a desgracias en grandes instalaciones industriales de empresas transnacionales productoras de automóviles, cromo, asbesto, plaguicidas o cemento, a lo que se agregan otras fuentes de contaminación conforme crecen las megaciudades del país y sus descomunales parques vehiculares que queman gasolinas ricas en aromáticos volátiles y en tetraetilo de plomo. Asimismo, se integran miles de infraestructuras gasolineras que, pasado el tiempo y sin mayor regulación, contaminan territorios alrededor del suelo donde se emplazan. Todos estos problemas ambientales y accidentes, conforme se manifiestan, son sistemáticamente encubiertos mediática y jurídicamente por el Estado mexicano, lo que propicia que en los años setenta y ochenta se intensifiquen y acumulen grandes riesgos y eventuales desgracias masivas. De la mano de la corrupción que caracterizaba al Estado mexicano, se asienta, se extiende y arraiga una cultura de impunidad industrial y agroindustrial que corresponde a una sistemática ausencia de derechos sanitarios de los trabajadores que laboran al interior de las industrias con procesos altamente contaminantes, así como de los habitantes que tienen la desgracia de ser vecinos de las instalaciones más riesgosas.
En el caso de la temática de la degradación socioambiental, que aquí nos ocupa, observamos una fragmentación y descoordinación progresiva de todas las instituciones, competencias, leyes, normas y reglamentos ambientales, de los cuales depende el emplazamiento regional y el funcionamiento regular de las industrias (sean de transformación o extractivas), así como de las agroindustrias y las grandes urbes. Ello facilitó que dichos procesos dispusieran, durante las últimas tres décadas, de condiciones altamente permisivas, lo que terminó por convertir al país en un territorio excepcionalmente atractivo para aquellos capitales internacionales que, en otras regiones, topan con leyes laborales y ambientales que restringen sus posibilidades de acumulación. Frente a ello, la intención del nuevo Estado neoliberal mexicano (muy especialmente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994), fue absolutamente clara, cuando, sin ambigüedades, se le ofreció a la circulación internacional de capitales condiciones paradisiacas de despojo, precarización laboral, indefensión social, libre inversión, libre cobro de rentas y realización de plusvalor.
Es así como opera la escisión epistemológica entre la llamada agenda verde y azul de la conservación (preocupada por la extinción de los bosques y su biodiversidad, así como por la finitud de los recursos hídricos) y la desagradable agenda gris que se ocupa de los temas de las emisiones y contaminantes en los aires urbanos, las inmundicias vertidas a los ríos, lagos, mares y acuíferos, las basuras urbanas, la aparición continua de sitios contaminados, etc., de modo que el pensamiento ecológico, mayoritariamente, privilegia lo verde y azul, mientras relega y en ocasiones oculta a lo gris no sólo como algo secundario, sino como el precio demográfico que acaso con justicia conlleva la pérdida de la madre naturaleza, pues, dentro de esta visión, las poblaciones pobres y marginadas son justamente uno de los factores antiecológicos más lesivos. Separación, jerarquización y polarización entre lo verde y lo gris, que no sólo es un procedimiento científico, académico y mediático, sino en realidad también prácticas institucionales, es decir, una praxis política activa que tiene por detrás de sí flujos de financiamiento transnacional pro-activismo para múltiples ONGs ecológicas, que definen y redefinen las continuas acciones transnacionales de la llamada gobernanza.
Así, el TPP-CM tuvo a bien constatar una miríada de delitos ambientales que han padecido diversas comunidades populares alentados por los diversos marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales propios del TLCAN, que abrieron la puerta a la alevosía e impunidad con que han operado en México las grandes empresas del libre comercio y los grupos estructuralmente corruptos del poder. Pero este Tribunal también ofreció la posibilidad de escudriñar e identificar críticamente la manera en que las mismas leyes (incluidas las ambientales) se fueron desviando retorcidamente del tronco original de derechos sociales que formaron parte de la Constitución de 1917, pues el desarrollo de las leyes ambientales, que en principio deberían de haber respondido a los nuevos problemas específicos que genera la inserción del país en los procesos de la globalización (derivados de la destrucción y de la perniciosa reformulación de las actividades industriales, extractivas, agropecuarias, consuntivas, del cambio climático, etc.), fue más bien dolosamente revertido, estancado (cuando existían normas ambientales apropiadas) o incluso frenado (cuando no existían normas de ningún tipo) para que los intereses de los grandes polucionadores y depredadores de recursos no fueran regulados, detenidos o afectados.
Gracias a ello, el CM no sólo permitió a los grupos de afectados ambientales poner en escena sus dramas particulares dentro del contexto general de expropiación del derecho ambiental que se ha venido dando sistemáticamente en todo el mundo, y particularmente en México, por las grandes dinámicas de abuso y desvío de poder durante el neoliberalismo, sino que, adicionalmente, nos abrió la puerta para comenzar a socializar, identificar, imaginar y sobre todo organizarnos colectivamente para reclamar al Estado mexicano un nuevo horizonte de derechos y de actos obligados de justicia.