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ISBN 978-607-549-550-7

Independencia judicial y definición de atribuciones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el orden político mexicano (1917-1934)

Autor:Corona Fernández, Alfredo
Editorial:Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Materia:Investigación histórica Historiografía
Clasificación:Historia social y cultural
Público objetivo:Enseñanza universitaria o superior
Publicado:2024-12-20
Número de edición:1
Número de páginas:0
Tamaño:10Mb
Soporte:Digital
Formato:PDF
Idioma:Español

Reseña

Los defensores de la doctrina liberal comparten la idea de que el Estado debe ser limitado y sus poderes y funciones verse reducidos por el respeto a los derechos fundamentales, por lo cual las autoridades, al fungir como representantes de la población, deben ejercer el poder delegado sin transgredir dichos derechos con la finalidad de procurar el bien común. Para impedir el ejercicio arbitrario y abusivo del poder, la acción del Estado está limitada y regulada por leyes generales que definen sus atribuciones, de manera que la práctica del poder se divide en las tres funciones primordiales —legislativa, ejecutiva y judicial— que están a cargo de órganos diferentes para impedir su concentración. Siguiendo ese fundamento teórico.
En el Estado liberal, al dividirse las tareas de los tres poderes e integrarlas en un sistema de frenos y contrapesos, se pretende controlar el poder político con objeto de evitar su ejercicio autoritario. En México este sistema de equilibrios se incluyó en los diversos documentos constitucionales, los cuales se expidieron desde la Independencia como un mecanismo de protección ante los abusos de los gobernantes; aun así, a pesar de su existencia, no se incluyeron de forma equilibrada y se nota el predominio de uno de esos órganos del poder sobre los demás.
El objetivo del presente estudio es conocer el papel que desempeñó la Suprema Corte de Justicia en los conflictos políticos a través de la actuación de sus miembros durante el periodo 1917-1934, analizando el sentido de sus resoluciones y, a partir de ello, valorar en qué medida se vieron influenciados por la voluntad de los líderes políticos o grupos de poder, y de qué forma coadyuvaron en el respeto del principio de la división de poderes y la cabal observancia de los preceptos constitucionales.

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