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ISBN 978-607-482-849-8

Demographic aging and human rights, a legal-demographic analysis

Autor:Ortiz Lazcano, Asael
Editorial:Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Materia:Población
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2024-07-23
Número de edición:1
Tamaño:10Mb
Soporte:Digital
Formato:PDF
Idioma:Español

Reseña

Demographic aging and human rights,
a legal-demographic analysis

Asael Ortiz-Lazcano

Este texto busca analizar dos fenómenos de gran envergadura para el día de hoy, por una parte el envejecimiento demográfico, que estará causando disminuciones significativas en la población mundial, incluso hasta 2100. Por otra parte los derechos humanos, que incluye a los derechos económicos, sociales y culturales. Esta binomio sin duda es un parteaguas en el tiempo que vivimos, donde los escanrios de ambos fenómenos son complejos y nada halagueños.

Por ejemplo aunque los derechos sociales son regulados por múltiples tratados internacionales y regionales de derechos humanos y están contemplados en la mayoría de las Constituciones nacionales, para gran parte de la población su incumplimiento no es visto como una violación, lo entienden como buenas y simples intenciones de vida para la población, y que se pueden solicitar a fin de año, como muchas otras cosas para buenaventura del lustro que inicia, pero sabiendo que nunca llegarán.

En el presente trabajo se defienden los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, y se está convencido que son eso, derechos exigibles, y que el estado debe cumplir y velar por ellos, si no quiere contribuir a conformar una sociedad cada vez más inequitativa, tal y como se observa en el contexto mundial.

No hay que dejar de lado que la justicia constitucional ha pasado a ser un componente esencial entre las instituciones que aseguran la existencia del Estado de Derecho en las democracias modernas. Incluso, apoyándonos en la jurisprudencia constitucional de diversos países, es posible argumentar que la justicia constitucional no necesariamente se limita a defender el status quo y, en cambio, puede jugar un rol transformador en las sociedades actuales.

Junto a esta discusión, se retoma el debate álgido en algunas regiones del mundo, debido a la presencia de una nueva realidad en el plano del Derecho internacional tradicional y que a su vez incide en el Derecho constitucional clásico. Entre otras razones, por la presencia de los derechos fundamentales que surgen en fuentes más allá de los ámbitos soberanos de los Estados nacionales y que vienen a delinear su comportamiento; esto se presenta de igual manera dentro de un marco muy diferente de relaciones interestatales en el que surgen obligaciones innegables para los ámbitos constitucionales internos, que obligan el abrirse a los contenidos de instrumentos internacionales en materia de derechos de las personas y que han sido creados por los propios Estados. Es decir, son ordenamientos supranacionales, y constituyen una parte elemental del nuevo derecho moderno, que obliga al cambio ipso facto.

Aunado a ello, la enorme transformación demográfica observada en México durante el presente siglo, y especialmente en términos de la notable disminución de la mortalidad y el subsiguiente descenso de la natalidad, ha ocasionado significativas modificaciones en la estructura por edad y sexo de la población. En efecto, de tener una estructura sumamente joven en los años setenta, en donde la mitad de la población contaba con menos de diecisiete años; la transición demográfica incidió en la estructura etarea, permeándola y desde entonces se ha observado una disminución relativa de los menores de 15 años de edad, así como también se ha generado un aumento de las personas de edad avanzada. Este proceso se ha denominado “envejecimiento demográfico”, el cual había sido particularmente exclusivo en los países desarrollados, aunque actualmente está afectando a todo el mundo.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto en toda la estructura poblacional y trastoca la esfera pública, económica y política de un país, justo la parte medular de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, cuyo impacto y no cumplimiento es devastador en la calidad de vida de las personas.

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