Reseña

La democracia ha sido conceptualizada desde múltiples posturas, pero todas parten de un ideal: la participación de quienes integran una comunidad política para incidir en la toma de decisiones mediante la representación de sus intereses.
El mayor o menor grado de alcance de este ideal depende del respeto de valores como la libertad, la igualdad y la pluralidad, así como de los derechos humanos. De esta forma se presupone la existencia de una renovación pacífica, periódica y auténtica del poder político.
A pesar de los avances significativos en la mayoría de los estados modernos para la adecuada implementación de la dimensión procedimental de la democracia, la dimensión sustantiva aún tiene retos, entre ellos, asegurar la inclusión de personas y grupos histórica y sistemáticamente vulnerados: integrantes de pueblos y comunidades originarias o afrodescendientes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad sexogenérica, migrantes y mujeres.
Para alcanzar una auténtica pluralidad e igualdad, es indispensable que todas las personas puedan ejercer sus derechos político-electorales sin distinción por su sexo, edad, condición social o económica, religión, identidad de género u orientación sexual, entre otros; atendiendo a la responsabilidad de los estados de proteger los derechos y la dignidad humana.
Por ello, se torna fundamental conocer y difundir los esfuerzos que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han realizado con una visión integral de la impartición de justicia electoral para eliminar los obstáculos que las diferencias han supuesto a estas personas y grupos para su inclusión material y, con ello, para la consolidación de la democracia mexicana.