Reseña

En los últimos años, México ha hecho avances importantes en términos de formulación e implementación de una política pública federal contra la discriminación y para la igualdad, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de derechos humanos. El gobierno federal ha publicado dos programas federales de política antidiscriminatoria, que reflejan un significativo progreso en la prevención y combate contra la discriminación estructural.1
No obstante, esta política pública requiere que las entidades federativas asuman una posición más proactiva y explícita para avanzar en la institucionalización de la política antidiscriminatoria, a partir de la consideración de que la institucionalización (es decir, la armonización normativa, la formulación de política explícita y la construcción de instituciones) tiene, de hecho, un efecto positivo en el ejercicio efectivo de derechos (Ansolabehere, Valdés y Vázquez, 2020). El arreglo institucional en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación otorga un papel estratégico a las autoridades estatales, que es preciso impulsar mediante herramientas de política pública que faciliten su trabajo de planeación e implementación.
En este sentido, y en cumplimiento de la obligación de promover que los planes y programas de los gobiernos de las entidades federativas guarden congruencia con el contenido programático federal (Ley de Planeación, artículo 16, fracción V), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presenta esta Guía para elaborar programas estatales de igualdad y no discriminación, que busca ser una herramienta accesible y útil para la formulación de programas a escala estatal con la finalidad de contribuir a la resolución del problema público de la discriminación.