Reseña

La Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico es el parámetro y la guía de toda la actividad estatal, en especial, a través de los derechos fundamentales como límites del poder estatal. Por esta razón, la pandemia ocasionada por la enfermedad covid-19 supuso una situación extraordinaria, especialmente desafiante, pues el combate y contención del virus no solamente trastocó la vida política y social de muchos países, sino que puso a prueba la estructura normativa del Estado constitucional en todos sus ámbitos y sometió a las instituciones democráticas a situaciones sin precedentes. La pandemia agudizó varios problemas sociales y económicos permanentes y, muchos de ellos, naturalizados: la insuficiencia de la capacidad hospitalaria instalada, y de salud en general, para atender a los pacientes infectados con el virus, la pérdida de empleos y, en consecuencia, de ingresos, y los riesgos laborales potenciados para quienes tuvieron que seguir saliendo a trabajar son sólo algunos de ellos.
El test de proporcionalidad es una exportación exitosa de la dogmática alemana de los derechos fundamentales. La proporcionalidad cuenta en algunos ordenamientos jurídicos con rango constitucional; a partir de ese rango, como derecho objetivo, vincula a toda la actuación estatal, sin embargo, en aquellos ordenamientos jurídicos en los que todavía no tiene ese estatus, el test de proporcionalidad es una metodología de adjudicación judicial centrada en la restricción de los derechos fundamentales.