Reseña

En términos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijín) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la minoría de edad es la base para implementar una respuesta estatal diferenciada, cuando el sujeto activo en un hecho delictivo es menor de edad, la minoría de edad es establecida de manera genérica en la CDN por debajo de los 18 años de edad.
El Estado Mexicano forma ha firmado y ratificado los instrumentos, por lo que se encuentra obligado a armonizar su noma interna a los estándares establecidos en los mismos. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se aplica a la persona mayor de 12 años y menor de 18 que sea investigada, procesada y sentenciada por la comisión un hecho que la ley señale como delito
El proceso se desarrolla en las mismas etapas establecidas para el proceso de adultos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Contempla la observancia de los principios rectores del proceso a excepción de la publicidad. Asimismo, prevé la aplicación del debido proceso, además de los derechos y principios específicos: interés superior del adolescente, mínima intervención, especialización, flexibilidad, protección integral.
Las medidas aplicables a adolescentes por la comisión de un delito delincuentes tienen las siguientes características: contenido educativo, justicia comprensible, respuesta individualizada respuesta basada en la responsabilidad, intervención cercana al adolescente. Estas medidas tienen una clara finalidad educativa y se benefician de una gran flexibilidad al priorizar la evolución en la intervención con el adolescente: naturaleza sancionadora-educativa de las medidas.
El sistema penal diferenciado (adultos/menores), tanto en lo procesal como en la ejecución de las medidas, tiene por finalidad la reinserción social y reintegración del menor a su familia, siempre que ello no resulte contrario a su interés superior y pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.
Es por ello que se precisa un conocimiento especializado tanto de las y los operadores jurídicos como de las y los técnicos que intervienen en el proceso desde la detención, hasta el cumplimiento de la medida sancionadora.