Reseña

La ausencia y/o insuficiencia de capacidades por parte de las instituciones encargadas de investigar los delitos y administrar justicia es una de las causales de la situación de impunidad crónica que padece la sociedad mexicana, que coadyuva a profundizar la desconfianza institucional y social, y la violación de derechos humanos. A esto se agregan la corrupción de agentes estales, en ocasiones coludidos con actores ilegales, así como las políticas de prevención que en general parecen desvinculados de las causas estructurales que producen desigualdad y exclusión. Estos factores vuelven tortuoso y prácticamente intransitable el camino de acceso a la justicia, lo que lleva a la fragmentación social y la insolidaridad. Comprender la naturaleza y diversidad de estos problemas institucionales y sociales es parte imprescindible para proponer reformas en el ámbito judicial y abrir caminos para hacer realidad el Estado de Derecho.