Reseña

En el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, algunos bloques de formación incorporan la participación de un socio formador: una institución externa que colabora con la comunidad universitaria en el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje vinculadas con problemas reales. Esta figura permite que la formación académica dialogue con los desafíos de la práctica profesional y que las competencias adquiridas en el aula se pongan a prueba en contextos institucionales concretos.

Durante el semestre agosto-diciembre de 2025, las y los estudiantes de la Licenciatura en Derecho del Campus Querétaro, en su mayoría próximos a egresar y varios de ellos ya incorporados al ejercicio profesional, cursaron el bloque Investigación Jurídica Aplicada.

En las reuniones previas al inicio del curso, el equipo docente coincidió en una premisa: la investigación jurídica no debía presentarse como una actividad desvinculada de la práctica, sino como una competencia indispensable para identificar problemas, formular preguntas relevantes, construir hipótesis, seleccionar fuentes confiables y sostener argumentos capaces de orientar decisiones profesionales. El propósito no era únicamente que el alumnado conociera técnicas de investigación, sino que comprendiera su utilidad para interpretar el derecho, anticipar sus transformaciones y responder de manera fundada a los conflictos que surgen en su aplicación cotidiana.

Con ese objetivo, se decidió articular el trabajo del semestre en torno a un tema transversal que pudiera conectarse con las distintas áreas de interés académico y de ejercicio profesional de las y los estudiantes. El eje elegido fue la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, cuyos efectos normativos, institucionales y prácticos comenzaron a desplegarse de manera particularmente intensa durante 2025. La elección no fue accidental, se trata de una transformación estructural que incide en la organización de la justicia y que, directa o indirectamente, condicionará la interpretación y aplicación del derecho en todas sus ramas.

La metodología partió de las inquietudes concretas del alumnado. A partir de sus intereses, experiencias laborales y expectativas profesionales, se integraron equipos y se delimitaron problemas de investigación relacionados con los efectos de la reforma judicial en ámbitos diversos, entre ellos el derecho penal, civil, laboral, fiscal, financiero, administrativo, constitucional, internacional, de los derechos humanos y del comercio exterior. Cada equipo debía construir una pregunta precisa, formular una hipótesis susceptible de ser contrastada y desarrollar una argumentación jurídicamente fundada, sin perder de vista el problema común que daba unidad al proyecto.

Esta decisión permitió mostrar que una reforma de naturaleza constitucional no permanece confinada al estudio orgánico del Poder Judicial. Sus consecuencias alcanzan la práctica del litigio, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, la independencia e imparcialidad judiciales, la previsibilidad de las decisiones, la tutela de los derechos y el funcionamiento cotidiano de relaciones jurídicas de muy distinta índole. La investigación aplicada hizo visible, así, la conexión entre las transformaciones institucionales y los problemas que las futuras abogadas y abogados deberán enfrentar en su desempeño profesional.

Los trabajos que integran esta obra son resultado de un proceso sucesivo de delimitación temática, búsqueda y evaluación de fuentes, discusión colectiva, escritura, revisión y corrección. No todos los productos elaborados durante el curso fueron incorporados al volumen. La selección respondió a criterios mínimos de pertinencia, consistencia metodológica, claridad argumentativa y calidad académica. Esta circunstancia forma parte del propio aprendizaje: investigar también exige someter las ideas a evaluación, reconocer insuficiencias y revisar críticamente los resultados.

El libro recoge, por tanto, una experiencia de enseñanza-aprendizaje en la que el aula funcionó como espacio de producción de conocimiento. Estudiantes y profesores construyeron un diálogo interdisciplinario y plural sobre una reforma que continúa redefiniendo el sistema jurídico mexicano. Desde perspectivas diversas, los capítulos examinan problemas específicos y muestran que la investigación universitaria puede contribuir a comprender procesos institucionales complejos cuando se organiza alrededor de preguntas relevantes y se mantiene vinculada con la realidad jurídica, política y social.

Esta concurrencia entre una universidad y un centro público de investigación expresa una convicción compartida: la formación jurídica contemporánea requiere competencias complementarias. El conocimiento de las normas sigue siendo indispensable, pero resulta insuficiente cuando el derecho atraviesa un cambio estructural. Las nuevas generaciones necesitan capacidad para investigar, argumentar, evaluar evidencia, identificar impactos diferenciados, trabajar de manera colaborativa y comprender las relaciones entre diseño institucional, práctica profesional y vigencia efectiva de los derechos.

La reforma judicial plantea interrogantes que no se agotan en su texto normativo. Obliga a examinar cómo se transformarán las instituciones, qué efectos producirán los nuevos arreglos sobre la impartición de justicia y qué responsabilidades corresponderán a quienes ejercerán la abogacía en este nuevo contexto. En este sentido, formar juristas no consiste únicamente en prepararlos para adaptarse a los cambios, sino también en dotarlos de herramientas para analizarlos críticamente, exigir que su implementación se ajuste a los principios constitucionales y participar en la reconstrucción de las instituciones desde una lógica democrática y republicana.

Quienes hoy concluyen sus estudios pertenecerán a la generación que deberá desenvolverse profesionalmente en el orden jurídico surgido de esta transformación. También serán quienes, desde la judicatura, el litigio, el servicio público, la empresa, la academia o la sociedad civil, contribuyan a preservar la independencia judicial, la división de poderes, el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos humanos. La responsabilidad de las instituciones educativas es ofrecerles no solo conocimientos técnicos, sino también criterios para comprender la dimensión pública y constitucional de su profesión.

Esta obra no pretende ofrecer una explicación exhaustiva ni definitiva de la reforma judicial. Su aportación reside en documentar un ejercicio de investigación aplicada, plural e interdisciplinaria, construido desde el salón de clases y proyectado hacia el debate público. Los capítulos que la conforman son, al mismo tiempo, resultados académicos y testimonios de una forma de enseñar el derecho: una enseñanza que vincula teoría y práctica, universidad e instituciones, investigación y responsabilidad profesional.

Confiamos en que el volumen contribuya a ampliar la discusión sobre las consecuencias de la reforma y, sobre todo, a mostrar que la investigación jurídica puede convertirse en una herramienta formativa para comprender el cambio institucional e intervenir responsablemente en él. Esa es la principal enseñanza de este proyecto y el sentido de la colaboración entre el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.