Reseña

La publicación de este libro, que debemos al Seminario sobre Violencia y Paz, que coordina Sergio Aguayo, y al apoyo que recibió por parte de la presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli, constituye un aporte invaluable para rescatar del olvido la herida abierta más dolorosa de la historia reciente de nuestro país: la desaparición de personas que inició de manera masiva y sistemática a partir de 2009 y no ha logrado ser contenida hasta el momento de escribir estas líneas en marzo de 2025.
Karla Quintana escribió este testimonio excepcional de su experiencia como comisionada de búsqueda de personas desaparecidas en México, cargo que desempeñó durante el periodo de 2019 a 2023. Ella parece estar motivada por la urgencia de preservar para la memoria, no tanto los recuerdos, sino las piezas que conformaron el andamiaje institucional y los múltiples retos que enfrenta el sistema nacional de búsqueda que, en buena medida, contribuyó a construir. Karla Quintana lo hace de una manera “no necia” ni para dar cuenta de sus logros o sus sentimientos personales sino, de forma pulcra y equilibrada y, de manera institucional, como servidora pública que fue, para rendir testimonio, de forma objetiva, sobre la responsabilidad que le correspondió encabezar. Eso sí: sin apartarse ni un milímetro de la férrea convicción que atraviesa todo su texto: la del derecho de toda persona a ser buscada, independientemente de las causas que se supongan que provocaron su desaparición. Si de algo no queda duda, es de las convicciones ético morales que movieron a Karla, en su momento, a aceptar la difícil posición como comisionada nacional de búsqueda y, en el presente, a ofrecer el testimonio y rendir cuentas de su actuación.
Se trata de un testimonio sorprendente por muchos motivos, que de ninguna manera pretendo agotar, sino que únicamente me propongo destacar aquellos que, desde mi perspectiva, considero más relevantes. En primer lugar, el hecho de que se trata de un testimonio que no está construido sobre la base de las opiniones personales de la autora, sino que reúne una importantísima cantidad de elementos, basados en datos, instrumentos jurídicos y de política pública, lo que puede constatarse en documentos de diversa índole que se citan en más de mil notas a pie de página. Fuentes de información que, en cualquier caso, los lectores interesados pueden recuperar y consultar para, si así lo desean, formarse una opinión propia.
A pesar de la gran cantidad de datos y referencias, se trata de un texto que se halla escrito en un lenguaje claro y accesible, no obstante su complejidad o los tecnicismos jurídicos necesarios pero que no resultan abrumadores, sino que permiten situar el fenómeno en un marco legal que, aunque las más de las veces no suele aplicarse, de todos modos constituye el referente y el conjunto de reglas que fueron diseñadas para dar respuesta al fenómeno.
Además de ser un testimonio y una manera de dar la cara y rendir cuentas acerca de lo que logró y de lo que no pudo alcanzar como comisionada de búsqueda, es también una especie de tratado que, hasta donde conozco, es el más completo y diría, incluso, que exhaustivo, sobre la desaparición de personas en nuestro país para el periodo que abarca desde la llamada “Guerra contra las Drogas” iniciada en 2007 hasta nuestros días.
Se trata también, sin duda, de una inmersión en un mundo extraordinariamente doloroso, que resulta difícil de nombrar, de poner en palabras, de romper el silencio, cosa que Karla logra de manera asombrosa, pudiendo encontrar las palabras adecuadas, las palabras precisas para nombrar el dolor, la rabia, la impotencia y la indignación de las familias que tienen a un ser querido desaparecido, sin dejarse llevar por estos sentimientos, pero sin dejar de nombrar lo que requiere ser dicho.
En su libro, Karla no duda en dar el lugar que corresponde a las familias, y en especial a las madres buscadoras, por ser el motor que ha permitido movilizar y hacer posible construir el andamiaje legal e institucional que, de manera incipiente, ha intentado crear una respuesta por parte del Estado al problema de la desaparición. Respuesta que, sin duda, ha sido tibia, insuficiente, ineficaz y que, incluso, ha sido desmantelada por el propio Estado que decidió desandar sus primeros pasos y cobijarse, una vez más, tras la negativa a reconocer el problema, a admitir los datos que arrojaba el Registro de Personas Desaparecidas para 2023 y, en definitiva, a colocarse, en los hechos, del lado de los perpetradores a quienes, también en los hechos, continúa garantizando impunidad. Así lo muestra el dato incontrovertible de que en nuestro país apenas se cuente con 36 sentencias condenatorias de personas responsables por el delito de desaparición forzada frente al registro de 123 000 personas desaparecidas y no localizadas. El texto da cuenta de cómo se desarticularon, se destruyeron o se abandonaron los esfuerzos que se habían emprendido entre 2019 y 2023.