Reseña

El juicio de amparo es aquel cuyo objeto es reparar las infracciones de las garantías, que un acto de autoridad produce en la esfera jurídica del particular que lo promueve, de suerte que se le restituya el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados o restringidos. En este sentido, los legisladores han establecido como principio que rige su procedencia la característica de que el fallo protector que se dicte pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso. Cabe señalar que el juicio de amparo no es un medio de defensa ordinario, sino un medio de control constitucional que, conforme a su naturaleza, tiene el carácter de extraordinario según lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, que lo regulan; procede únicamente respecto de aquellos actos contra los cuales la ley secundaria no concede recurso alguno, a fin de que puedan remediarse los perjuicios que dichos actos ocasionan al gobernado.
Asimismo, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer artículo que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite 1) por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que conculquen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 2) por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la órbita de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se infrinjan los derechos humanos reconocidos y las garantías dadas para su protección por la Constitución, y 3) por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal, que invadan el ámbito de competencia de la autoridad federal, si se conculcan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución. Por último, el juicio de amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley