Reseña

El 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado de Dinero. Esta legislación establece diversas obligaciones para comerciantes y prestadores de servicios que realizan actividades consideradas vulnerables, con el propósito de prevenir que dichas operaciones sean utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía.

El objetivo principal de la ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, mediante la implementación de medidas y procedimientos destinados a prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Para ello, el marco jurídico impone mecanismos de control interno a las personas físicas y morales que realizan estas actividades.

Entre los elementos centrales del sistema de prevención destaca el conocimiento del cliente, lo que implica recabar información y documentación sobre quienes realizan operaciones, así como presentar avisos a la autoridad en los casos previstos por la ley. Estas obligaciones buscan reducir el riesgo de que las actividades económicas legítimas sean utilizadas como medio para ocultar o legitimar recursos de origen ilícito.