Reseña

El Estado y el Derecho Constitucional constituyen el entramado esencial que regula el poder político y garantiza la convivencia democrática: el Estado es la forma institucionalizada de organización del poder sobre un territorio y una población, mientras que el Derecho Constitucional establece las normas y principios que delimitan ese poder, consagran la soberanía, articulan la separación de funciones públicas y protegen los derechos fundamentales. Su interacción asegura la legitimidad y la estabilidad del orden jurídico, imponiendo límites a la acción gubernamental mediante controles institucionales —como el parlamento, el ejecutivo, los tribunales y los mecanismos de participación ciudadana— y promoviendo la igualdad, la justicia y el Estado de derecho como pilares de la vida política.