Reseña

La obra se concentra en la relación entre políticas públicas y derechos humanos, ambos conceptos se encuentran históricamente enraizados, como fenómenos sociales comparten un mismo origen y razón de ser, el común denominador para ambos es el Estado de derecho, llámese moderno, liberal o democrático. En la cultura occidental, el Estado de derecho representa el triunfo del individuo sobre la soberbia y la tiranía del Estado absolutista, es el resultado de un proceso histórico iniciado desde la antigüedad que adquirió claridad en el siglo XII de nuestra era con el denominado proceso habeas corpus.
En la noción del Estado contractualista, los derechos humanos significan la protección, garantía, respeto y promoción de las libertades y de la dignidad humana, los cuales se consideran relativos e históricos, por lo que no existe un listado definitivo de derechos humanos (DD. HH.), por el contrario, se encuentran en franca construcción.
La intervención del Estado en la sociedad se materializa a través de políticas públicas, las que deben estar legitimadas por normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones para los gobernados, constituyen una intromisión en la esfera jurídica de la persona, asimismo deben contar oportunamente con la asignación suficiente de recursos públicos. En este sentido, las acciones de gobierno son deliberadas y premeditadas, a diferencia de los hechos de gobierno que en muchas ocasiones son reacciones a situaciones coyunturales como la sequía en el campo o las inundaciones urbanas ocasionadas por fenómenos meteorológicos.
La idea original de políticas públicas se debe a Lasswell (1951), quien la revistió como ciencia empírica aplicada, para separarla de la administración pública y de las ciencias políticas. El propósito fue incorporar el conocimiento científico en el diseño de las acciones de gobierno. Desafortunadamente, la idea primigenia de mitad del siglo pasado no sobrevivió hasta nuestros días, la disciplina sufrió muchos cambios e interpretaciones, perdió su originalidad al despojarse del revestimiento de los fundamentos científicos con la que fue concebida.
En los últimos años han surgido diversas propuestas para formular políticas públicas con enfoque o influencia de los fundamentos de los derechos humanos, lo cierto es que no han tenido una amplia aceptación en el sector público ni se ha exigido su instrumentación por parte de la sociedad civil, defensores de los DD. HH. o por investigadores o académicos. A nivel internacional, son destacadas las iniciativas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para integrar el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas.
El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas en México es un tema reciente, la reforma constitucional de 2011 apenas lleva 15 años de implementación, el camino aún es largo y cuesta arriba. En esta dirección, la presente obra escrita pretende llamar la atención sobre la importancia de la evaluación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, intenta contribuir en última instancia al análisis crítico y debate sobre la actuación del Estado.
A este proceso se le ha denominado como evaluación disruptiva ya que coloca en el centro de la evaluación los derechos humanos, no como enfoque o perspectiva, sino como fuente y propósito de la acción del Estado, es una interpretación eminentemente humanista, sin que por ello se ponga en duda la relevancia de la vida en sociedad del individuo. Es disruptiva porque contraviene el proceso convencional observado hasta ahora principalmente por organismos internacionales y nacionales, que aplican un método lógico deductivo, propio de las investigaciones socio jurídicas, para incorporar el enfoque de derechos humanos, de ahí, que la evaluación disruptiva sea un giro epistemológico en la evaluación de políticas públicas.