Reseña

Nuestra Constitución consagra el derecho humano a una vivienda adecuada (DHVA): “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. También lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OACNUDH, 1966). El Estado mexicano está obligado a proteger, respetar, promover y garantizar este y todos los derechos humanos asociados a él.

Durante el periodo neoliberal se pretendió que el mercado suministrara el DHVA mediante la transferencia de recursos públicos a empresas constructoras privadas. El encargo era entregar cuatro paredes y un techo, sin importar la superficie ni la ubicación de la vivienda. Se cancelaron programas públicos de vivienda y se redujo el gasto en los sectores más pobres. La sociedad se dejó al arbitrio de un mercado, incapaz de satisfacer la demanda (Ortiz Flores, 2007). La política neoliberal de vivienda operó sobre la desregulación ambiental y financiera dirigida a la instalación masiva de unidades habitacionales y microviviendas “de interés social”, aglomeradas en las marginadas periferias metropolitanas. Hasta la fecha de publicación de esta obra, se tenía registro de seis millones de estas unidades y microviviendas, deterioradas y abandonadas (Barragán, 2024).