Reseña

La transformación del sistema penitenciario mexicano debe centrarse en garantizar los derechos humanos, mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y asegurar una reinserción social efectiva de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Es fundamental cerrar o destruir los centros penitenciarios obsoletos y considerar nuevas alternativas de gestión, incluida la privatización, siempre que se respeten los principios legales y humanos.
De acuerdo con el artículo 18 Constitucional, se debe diferenciar claramente entre centros preventivos y de ejecución penal, garantizando un trato adecuado a cada población. Para lograr la reinserción, el trabajo debe ser obligatorio para las PPL, conforme a la normatividad vigente, promoviendo así centros autosustentables en los que los internos colaboren en su propia manutención.
Se requiere homologar los nombres de unidades, centros, cargos, jerarquías, uniformes, insignias y sueldos, así como unificar el color del uniforme de las PPL a nivel nacional para facilitar el control y la gestión penitenciaria.
El personal penitenciario debe ser seleccionado, reclutado y capacitado profesionalmente, a través de una carrera penitenciaria estructurada y centros estatales de capacitación coordinados por una academia nacional. Asimismo, es necesaria la adecuación y reforma de leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal, del Uso de la Fuerza y de los Procedimientos Sistemáticos de Operación.
El sistema también debe contar con equipamiento especializado, vehículos adecuados para traslados, y armas disuasivas, garantizando el orden y la seguridad. Finalmente, la inteligencia penitenciaria debe ser eje clave para prevenir conflictos, motines o fugas y mantener el control institucional.