Reseña

Cuando en los primeros meses de 1808 Napoleón Bonaparte ocupó la Península Ibérica e impuso a su hermano José como rey de España, no imaginó que la oposición más importante a sus planes vendría de parte de unas juntas supremas de gobierno conformadas de manera extraordinaria en las provincias. Esas particulares asambleas negaron cualquier autoridad a los franceses y reclamaron la tutela de la soberanía hasta el regreso de un rey legítimo. Con esas facultades declararon la guerra al invasor y derrotaron al Ejército Imperial en las primeras batallas de lo que sería la Guerra de Independencia Española. Si en la práctica las juntas actuaron como verdaderas repúblicas municipales independientes, ¿en qué condición quedaban las posesiones americanas?
La clave para responder a esa pregunta está en la Junta de Sevilla que aprovechó la histórica relación con los territorios de Ultramar para proclamarse Suprema de España e Indias, lo que suponía una superioridad sobre los virreinatos y capitanías generales que ninguna otra junta se había adjudicado. Argumentando la necesidad de mantener las posesiones americanas alineadas con sus intereses, la junta sevillana comisionó a once agentes con la tarea de cruzar el Atlántico para reclamar obedecimiento y recursos a los representantes de las principales instituciones de la administración colonial, quienes no tuvieron más remedio que discutir la naturaleza de la soberanía solicitada y las razones para su reconocimiento. Esta investigación identifica a los mensajeros de la crisis y a sus anfitriones, describe aquellos debates y revisa las consecuencias políticas a mediano plazo de esa efímera campaña.