Reseña

El fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto —ocurrido hace 100 años—, de tres de sus hermanos y nueve militantes del Partido Socialista del Sureste alcanzó desde un primer momento categoría de “crimen de Estado” por cinco razones:
Una. Trece civiles, detenidos sin armas en las manos, fueron sujetos a un proceso sumario por un Consejo de Guerra, sentenciados todos a muerte. Y los 13 fueron fusilados de manera inmediata por un pelotón militar.
Dos. Los cargos presentados en contra de los cautivos fueron, todos, de carácter civil y correspondientes al orden estatal, ni siquiera federal. Los procesados no gozaron del derecho a la defensa.
Tres. Entre los trece civiles fusilados se encontraban el gobernador de Yucatán y el presidente municipal de Mérida. Funcionarios públicos electos, con derecho al fuero y que desempeñaban habitualmente sus funciones.
Cuatro. El conflicto político que confrontó a las fuerzas militares, federales, con las autoridades civiles, estatales y municipales, respondía a causas y disputas nacionales: dos bandos político-militares que se disputaban el relevo del presidente Álvaro Obregón.
Y cinco. Para ambos bandos en lucha, tanto la figura del gobernador Carrillo como la fuerza política y la organización del Partido Socialista del Sureste representaban un obstáculo a sus aspiraciones hegemónicas y centralistas. Los hilos que cohesionaron a la sociedad yucateca y a los gobiernos socialistas hacían temer al triunvirato sonorense una reedición —corregida y aumentada— de la “comuna zapatista” que tantos y tan elevados costos políticos había representado para los caudillos norteños.