Reseña

Entre 1920 y 1923 los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón enfrentaron la falta de reconocimiento diplomático por parte de los Estados Unidos. El país vecino había roto las relaciones desde el Golpe de Agua Prieta y se negaba a restaurarlas mientras México no aceptara dar a Washington y las empresas petroleras asentadas en nuestro país garantías de que el artículo 27 de la Constitución no sería aplicado de manera retroactiva. El restablecimiento de las relaciones pasó por diversas negociaciones, desde la iniciativa estadounidense de un Tratado de Amistad y Comercio en 1921, que el gobierno de Obregón rechazó, y la renegociación de la deuda exterior mexicana con el Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México (Convenio De la Huerta-Lamont) en 1922 hasta las conversaciones de Bucareli en 1923, que finalmente dieron al gobernante mexicano el recnonocimiento que esperaba y que necesitaba para poder enfrentar una posible insurrección militar, la cual efectivamente se dio entre diciembre de 1923 y marzo de 1924.
Los Acuerdos de Bucareli implicaron pactar indeminizaciones por daños y prejucios a ciudadanos estadounidenses sufridos durante la Revolución, y también desde la República Restaurada y el porfiriato. En un pacto paralelo, que no fue ratificado por el Senado mexicano, se estableció la no retroactividad que el gobierno del presidente estadounidense Warren G. Harding y el de su sucesor Calvin Coolidge demandaban, así como otras concesiones mexicanas a Washington . Sólo así, en el segundo semestre de 1923, los Estados Unidos reconocieron a Obregón como gobernante legítimo.
Los Acuerdos tuvieron, sin embargo, una corta duración. Su vigencia fue cuestionada en 1925 por la Ley del Petróleo del nuevo gobernante Plutarco Elías Calles, que dio lugar a un nuevo ciclo de presiones por el gobierno estadounidense sobre nuestro país. El conflicto, como es sabido, sólo se resolvió definitivamente en marzo de 1938, con el decreto expropiatorio del presidente Lázaro Cárdenas.