Justicia electoral en movimiento
El derecho electoral en México evoluciona, en gran medida, por medio de sus sentencias. En estos volúmenes el lector encontrará las materias más relevantes de estos tres años. Los partidos, las candidaturas y la ciudadanía en general plantean múltiples y originales litigios que deben ser atendidos cotidianamente, con independencia de que estemos o no en medio de un proceso electoral. Por ejemplo, las acciones afirmativas han avanzado a golpe de decisiones de la autoridad administrativa que, casi de manera inevitable, acaban siendo impugnadas por uno o varios actores políticos. Así, se ha avanzado en materia de paridad, de representación de los grupos de comunidades originarias y afromexicanas, así como de las personas representantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y más (LGBTTTIQ+). Otra gran materia es el modelo de comunicación política y la protección de las libertades de expresión y prensa, ya que son tensiones que deben ser dirimidas de manera frecuente por los tribunales. También suelen llegar a sede jurisdiccional asuntos relacionados con la vida interna de los partidos en los procesos de selección de candidaturas, así como de sus dirigencias, a fin de que se diriman los conflictos internos de dichos institutos políticos, quienes, a su vez, se quejan de la intromisión de las autoridades en sus propios procesos. Recientemente y por primera vez en la historia de México, se aprobó la legislación y el proceso de revocación de mandato que, sin ser la excepción, también concitó impugnaciones que requirieron las decisiones del Tribunal Electoral. La columna vertebral de la equidad en la contienda es la fiscalización, proceso altamente técnico que, en muchas ocasiones, ha sido contestado por los propios fiscalizados. De la misma manera, las asignaciones de curules de representación proporcional han sido fuente de apasionados conflictos que obligan a los tribunales a impartir justicia a partir de la legislación mexicana.