Reseña

El sábado 13 de julio del 2013, la Ciudad de México se preparaba para que en 24 horas fuera abierta por completo la Supervía, una vía confinada y de peaje que palearía los atascos hacia Santa Fe, al poniente de la urbe. Los nudos viales eran insostenibles. En ese momento, según estimaciones oficiales, por allí circulaban 4 millones de vehículos a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. Pronto, la vía tradicional se convertiría en un enorme estacionamiento y aumentarían los problemas en otras zonas como el Periférico. La magna obra de ocho kilómetros, plagada de irregularidades, fue impulsada durante el gobierno de Marcelo Ebrard que había dejado la jefatura de gobierno siete meses atrás y la entregó a la naciente Controladora de Vía Rápida los Poetas (CVR), un consorcio creado por OHL-México hoy en día transformada en Aleatica, Atco y Copri. Este tridente en el nombre llevaba el negocio: explotarían la obra por 30 años y, si al final del contrato aún no recuperaban su inversión estimada en 78 mil 560 millones de pesos alrededor de 6 millones 546 mil dólares, según el tipo de cambio promedio de la época y las ganancias estimadas por el cobro de peaje, la continuarían explotando por el tiempo fuese necesario. Sin ninguna limitante.