Reseña

El libro compila ocho capítulos relacionados con problemáticas de la seguridad pública y analizados a la luz de diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. Los autores exponen reflexiones teóricas y analizan casos empíricos a través de diversas categorías conceptuales y metodologías que permitieron tener una perspectiva más compleja del fenómeno. El objetivo de la obra se enmarca en
analizar desde un enfoque interdisciplinario temas y problemas relacionados con la seguridad humana para explicar sus efectos en la vida social; desde la sociología, el derecho, la filosofía, y en general desde las ciencias sociales se muestra un panorama de la cuestión social de las violencias que experimentamos hoy en día en México.
El libro surge en el marco del II Seminario Permanente: “Investigación en Ciencias Sociales y Seguridad Pública” organizado por el Cuerpo Académico: Educación Cultural y Comunitaria para la Seguridad Pública, en el que se invitó a especialistas de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales que estudian y analizan problemas de la seguridad pública para presentar conferencias, ponencias y un foro de debate
sobre dichas cuestiones. Los manuscritos presentados muestran un detallado análisis que permite dar cuenta de la realidad que vivimos alrededor del concepto de seguridad, además de que los capítulos fueron enriquecidos con las valiosas aportaciones y recomendaciones de los dictaminadores, por lo que el lector obtendrá una visión clara y detallada del fenómeno de la seguridad pública.
El capítulo I, ¿Qué es realmente el sentido común y qué pudiera decir sobre la actual seguridad pública en México? escrito por el autor José Hernández Prado plantea la cuestión sobre lo que representa el sentido común en los seres humanos en cuanto a ser razonables frente a la (in)seguridad pública que se experimenta en México, parte de la pregunta; ¿Qué pudiera aportarnos el sentido común o la
sensatez para que logremos resolver de un modo inclusive personal el gran problema vigente de la gran falta de seguridad pública en vastas porciones del territorio nacional?. El autor intenta explicar qué es y qué no es el sentido común a partir de las propuestas del filósofo escocés Thomas Reid, para después aplicar esa concepción a la situación que plantea la muy deficiente seguridad pública en el México actual, sugiriendo tres elementos que son “cuidarse, alejarse y exigir
protección”, los cuales conducen a la tesis de una indispensable y eficaz
“policialización” del país.
En el capítulo II, escrito por Fernando Limón Aguirre, Aportaciones a la seguridad pública desde la interculturalidad, se plantea un interesante ensayo en el que reflexiona sobre la importancia de la dimensión intercultural de la seguridad pública, a partir de un paradigma que va más allá del Estado (sin anular su responsabilidad), centrándose en la protección (sin rechazarla) y transite a uno con
una corresponsabilidad ética e intercultural, reconociendo el marco de la
multicultural real de nuestro país. El autor plantea que la seguridad pública es subsidiaria de la paz y del orden público, entendidos en la lógica de la integralidad de los derechos humanos, lo que remite al cuidado para todas las personas, la naturaleza y el reconocimiento de la diversidad cultural.
En el capítulo III titulado: Comunidad escolar y seguridad pública, escrito por el autor Edgar Jacobo Chávez Váldez, indaga la relación entre la comunidad escolar con y la seguridad, analizadas desde diferentes perspectivas permitiendo crear un entorno escolar seguro y positivo y plantea que es esencial tener una asociación sólida entre la comunidad escolar y la aplicación de la ley, que se vea reflejada dentro del ámbito de seguridad pública, donde esta asociación debe basarse en el respeto y la cooperación mutuos. Plantea que la comunidad escolar y la aplicación
de la ley deben trabajar de manera conjuntas para desarrollar e implementar políticas y procedimientos de seguridad para identificar y abordar las preocupaciones propias de seguridad pública y así responder diligentemente a los incidentes de la delincuencia y violencia, que se pueden presentar alrededor de nuestras comunidades escolares.
El capítulo IV denominado; ¿Cuál violencia es válida?, Octavio M. Maza Díaz Cortés desarrolla un interesante y complejo debate sobre la violencia y el papel que cumple la ley para contenerla o provocarla. En este sentido, establece que se puede
considerar desde la violencia producto del crimen organizado hasta las formas de violencia de la cotidianidad y que cualquiera de ellas tiene que ver con formas de aplicación de la ley. La discusión teórica la desarrolla a partir de reflexiones de autores como; Walter Benjamin, Slavoj Zizek, Judith Butler, Gustavo Leyva, María
Pía Lara, Eduardo Maura, Luis Guzmán y Oliver Kozlarek y de Zygmunt Bauman. En este sentido, el autor responde a su pregunta con una serie de reflexiones teóricas y algunos argumentos empíricos que dan cuenta de las violencias que hoy día experimentamos en la sociedad.
El autor Edgar Israel Belmont Cortés en el capítulo V titulado: Coordenadas metodológicas para el estudio de la conflictividad social y avances de una investigación en curso: La violencia en la industria cinematográfica, expone una interpretación sobre la violencia articulada con una propuesta teóricometodológica para el estudio de situaciones violentas, con el objetivo de enfocarlo en el estudio de la conflictividad laboral para entender los márgenes de maniobra
de las personas y de los colectivos que entran en el campo del conflicto en un marco de acción determinado. Se trata de una investigación que está en curso y analiza las violencias que se construyen en la industria audiovisual, para comprender las diversas formas de la producción de filmes hoy en día, así como de las dificultades narradas por mujeres para alcanzar estabilidad en sus condiciones laborales y salariales.
En el capítulo VI, los autores Salvador Bringas Estrada y Miriam Garamendi Celis escriben El interés superior del menor en los procesos judiciales, en el que plantean las problemáticas que aquejan a la procuración y administración de justicia en relación con los niños, las niñas y adolescentes que participan en los procesos
judiciales ya con el carácter de víctima o de testigos. Centran el estudio en el Estado de Quintana Roo, dónde existen antecedentes que evidencian la falta de preparación sobre todo en algunas de las personas juzgadoras, lo que se traduce en violación a los derechos humanos, siendo este grupo social en que requiere la más amplia protección del Estado. Analizan el estudio de caso de un hecho real en
materia familiar, el cual fue radicado en los juzgados familiares orales del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el cual versó sobre las controversias y violencias al interior de una familia.
En el capítulo VII titulado: El proceso de geolocalización como instrumento en la investigación de los delitos, los autores Miriam Garamendi Celis e Ignacio Zaragoza Ángeles, analizan las consideraciones y los impactos de la geolocalización en
tiempo real y como herramienta útil para ser utilizada durante el proceso de investigación cuando la vida o la integridad física de una persona puede encontrarse en riesgo. Los objetivos que plantean los autores se orientan en tres perspectivas: primero, analizan las acciones normativas que se han seguido para dar legalidad a las investigaciones que las autoridades realizan en relación al uso de la geolocalización con equipos de comunicación móvil; segundo, identifican las modificaciones que presenta el marco normativo para poder ajustarse a la dinámica en cuanto al uso de la geolocalización, y tercero, desarrollan una
valoración con relación a tales medidas, a fin de verificar si éstas resultan útiles frente a los hechos criminales que reta el orden jurídico vigente.
Finalmente, en el capítulo VIII desarrollado por el autor Jaime Uribe Cortez; Esbozo de la agenda pública en Quintana Roo, se analizan los elementos que forman parte de la agenda pública del estado de Quintana Roo. Presenta una discusión sobre el concepto de agenda pública para comprender la lógica desde la cual se trabaja en el ámbito de las políticas públicas municipales y estatales, y en cuanto a la inclusión de los temas más preocupantes que forman parte de la agenda del estado. El objetivo que se desarrolla en el capítulo consiste en describir alrededor de los mecanismos que se emplean en Quintana Roo para otorgar atención a los temas relacionados con la salud, los derechos humanos y los asentamientos, esto por medio del análisis de algunos artículos que están contenidos en las leyes respectivas. La relación entre la pregunta y el objetivo del manuscrito recae en la existencia de documentos legales que dan sustento a la agenda y que, sin la presencia de las leyes sobre los derechos humanos, no habría evidencia de las acciones que el gobierno implementa en cuanto a la atención de los problemas públicos.