MéxicoMéxico
Detalle
ISBN 978-607-30-9563-1

Abuso y límites del poder penal en estados democráticos de derecho

Autores:
Moreno Hernández, Moisés
Lozano Gracia, Fernando Antonio
Barragán Barragán, José
Guerrero Agripino, Luis Felipe
Bernal Acevedo, Gloria
Astrain Bañuelos, Leandro Eduardo
Vidaurri Aréchiga, Manuel
González-Salas Campos, Raúl
Nava Garcés, Alberto
García Ramírez, Sergio
Berchelmann Arizpe, Antonio
Lozano Tovar, Eduardo
Osorio Isaza, Luis Camilo
Mendieta Jiménez, Ernesto
Olvera Lezama, Blanca Ivonne
Daza Zaragoza, Carlos Héctor
Correa García, Sergio
Azzolini, Alicia
Vega Gutiérrez, José-Zamyr
Ochoa Romero, Roberto
Carmona Sánchez, Pedro Pablo
de la Barreda Solorzano, Luis
Rosas Rubí, Alicia
Nader Kuri, Jorge
Huerta Psihas, Elías
González Pérez, Luis Raúl
Salazar Rojas, Jesús
Hernández López, Rogelio
Albarrán de Alba, Gerardo
Ordoñez Solana, Fidel Guillermo
Leguízamo Ferrer, María Elena
Ayón Reyes, Gilberto
Pérez Sánchez, Rubén
Lima Malvido, María de la Luz
Castañeda Rivas, María Leoba
Sferlazza, Ottavio
Luzón Peña, Diego Manuel
Schunemann, Bernd
Colaboradores:
Moreno Hernández, Moisés (Coordinador editorial)
Moreno Hernández, Moisés (Prologuista)
Contreras Bustamante, Raúl (Prologuista)
Rodríguez Manzanera, Luis (Prologuista)
Lozano Gracia, Fernando Antonio (Prologuista)
Editorial:Universidad Nacional Autónoma de México
Materia:Ciencia política (Política y gobierno)
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2024-10-20
Número de edición:1
Número de páginas:874
Tamaño:15x21.5cm.
Precio:$1.000
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
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Reseña

La presente obra concentra los grandes temas abordados en el Seminario Internacional de Derecho Penal Abuso y límites del poder penal en Estados democráticos de derecho, que analizan uno de los graves problemas que actualmente padece la sociedad mexicana que tiene que ver con la forma anómala de ejercer el poder penal por parte de los gobernantes, quienes frecuentemente se alejan de los principios fundamentales que dan sustento al Estado democrático de derecho, por los abusos y excesos que cometen con él y que, sin duda, repercute en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados y en detrimento del sistema de justicia penal y del propio Estado de Derecho.

Si bien la forma de ejercer el poder se manifiesta en los distintos campos en que el Estado tiene injerencia, el libro solamente se ocupa de analizar los alcances del poder de castigar, también conocido como ius puniendi estatal y que tiene repercusiones muy importantes en los distintos sectores de la vida social, ya que en cualquiera de sus manifestaciones, que van desde el proceso de generación de las leyes penales hasta el momento de su aplicación concreta, ese poder puede desbordarse en detrimento de libertades y derechos humanos. Es decir, en todo ese largo camino del sistema penal, el poder puede ser utilizado de manera correcta, observando los lineamientos constitucionales y de instrumentos internacionales, como lo exige el Estado de Derecho, o de manera incorrecta, facciosa o por razones políticas, como instrumento de persecución política y, por ende, fuera de los cauces legales del Estado de Derecho, siguiendo criterios propios de Estados autoritarios o totalitarios. Precisamente, porque esta última forma de utilizar el poder penal ha tenido expresiones muy notorias y recurrentes en nuestro sistema, se ha convertido en un problema preocupante y de ahí que su análisis desde la perspectiva académica ha adquirido sumo interés, como lo muestra el Seminario realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM (septiembre de 2022), que conjuntó la participación de académicos nacionales e internacionales y de diversas instituciones académicas del país, que siempre han pugnado por la vigencia de una justicia penal al servicio de la persona humana y se han pronunciado en contra del despotismo y las formas autoritarias de ejercer el poder penal.

El lector encontrará que, frente a estos grandes problemas relacionados con el ejercicio del poder penal y los abusos que se cometen por quienes hacen uso de él en los distintos ámbitos del sistema de justicia penal, incluyendo el poder que ejercen los legisladores, los juzgadores y el poder ejecutivo, que actualmente impactan al sistema de justicia penal y al Estado de Derecho, existen diversos puntos de interés y enfoques. Pero, el denominador común es que, en Estados democráticos de derecho el ejercicio del poder penal tiene que someterse a ciertos principios que le establecen límites; y, si el Estado Mexicano es un “Estado democrático de derecho”, sus gobernantes están obligados a someterse a los límites y controles previstos en la Constitución Política al ejercer el poder penal y tomar decisiones políticas. Es decir, en Estados democráticos de derecho el poder “no es absoluto” ni debe ejercerse de manera “arbitraria”, sino siempre sometido a controles y a los límites que se derivan del reconocimiento y respeto de los derechos humanos; por lo que, deben observarse los principios fundamentales plasmados en la Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por México, que tienen precisamente la función de “limitar” la potestad punitiva del Estado y “garantizar” los derechos humanos.

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