Reseña

El juicio de amparo sigue siendo el principal instrumento de protección de los derechos humanos en México. A lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser un proceso diferente de cualquier otro dentro del derecho procesal, justo por representar el último asidero con que cuenta el ciudadano para defenderse del acto arbitrario de la autoridad.
A partir de la reforma constitucional del 2011 y la promulgación de la Ley de Amparo en el 2013, y desde la reforma del 2021 y la publicación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en dicho año, se ha fortalecido este medio de control constitucional, sobre todo en cuanto a los derechos susceptibles de ser tutelados y a los sujetos legitimados para promover el juicio. Los cambios procesales y constitucionales de gran relevancia son los que han transformado las épocas jurisprudenciales; en el año del 2011 se dio inicio a la décima época, y diez años después, en el 2021, a la undécima, lo cual implicó un antes y un después tanto en la parte formal de las normas constitucionales como en la manera en que son interpretadas por el Poder Judicial.
Se confía en que durante la undécima época se logre dar un paso decisivo en la protección efectiva de los derechos humanos. Dado que el juicio de amparo solamente permite el restablecimiento del orden constitucional, restituyendo al gobernado el uso y goce del derecho humano conculcado, está pendiente la reparación integral del daño, impedida por la regulación actual y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que obliga al gobernado a acudir a otras instancias.
Tal reparación es una tarea pendiente del legislador y de los tribunales, que se espera que se consiga con ocasión del juicio de amparo, lo que representaría sin duda alguna la impronta más relevante que la undécima época deje en el sistema de justicia.