Reseña

El aumento de la criminalidad e injusticia en México llevó a implementar un nuevo sistema de justicia penal y seguridad pública, tarea reconocida por el Senado. En la Constitución de 1917, Carranza criticó las ineficaces garantías procesales de la Constitución de 1857. Pese a los esfuerzos, el sistema seguía generando injusticias, lo que llevó a la reforma constitucional de 1993, cambiando "cuerpo del delito" por "elementos del tipo penal". Esto causó confusión y conflictos entre ministerios públicos y jueces. La reforma de 1999 reintrodujo "cuerpo del delito", pero mantuvo diferencias en los códigos de procedimientos penales. La reforma de 2008 eliminó ambos conceptos, estableciendo un nuevo sistema de justicia penal, aunque los problemas con la prueba persistieron. Las reformas de 2008 y 2011 y el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 intentaron abordar cómo y cuándo probar, sin definir qué se debe probar, manteniendo 33 códigos penales. Es necesario un Código Penal Único y una guía de interpretación de normas sustantivas. El autor, tras escribir sobre dogmática penal, se dedicó a un libro sobre la teoría del delito funcionalista, basado en investigaciones y casos reales.