Reseña

La frase, sino está en el presupuesto, no existe, si bien expresa una voluntad política hacia un ente o política pública, también determina el inicio de una inanición, y en su caso, de una contienda. De dicha situación muy bien conocen las Universidad Públicas Estatales.
Las reformas, en 2019, al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación, por virtud de las cuales se reconoció el Derecho a la Educación Superior y se impuso al Estado la obligación de garantizarlo, derivó la promulgación de la Ley General de Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021, la cual tiene por objeto, entre otros, establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; así como, establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior. Este nuevo diseño normativo delimitó y ajustó la relación del Estado con las Universidades Públicas, dado que éstas son el conducto por virtud del cual, áquel otorga el servicio público de educación superior, en tanto derecho de carácter prestacional, mismo que debe alcanzar su tutela efectiva.
En esta perspectiva, de suyo relevante resultan tanto la forma cómo se presta y organiza el servicio de educación superior -descentralización-; como el grado de dependencia que guardan dichas Universidades con el poder central -autonomía-, ambas cuestiones, en mucho, son determinadas por el nivel de financiación del que gocen o carezcan.
En la vertiente referida, los apuntes que se presentan tienen como propósito, presentar las diversas disposiciones constitucionales y legales que en materia de financiamiento se han establecido para la Universidad Veracruzana, en particular, la secuela legislativa, interpretaciones y retos de la asignación formal, vía disposición constitucional, del 4% del Presupuesto General del Estado de Veracruz agotadas de 2017 a la fecha -2024-. En suma, es una revisión del tratamiento presupuestal que los diversos textos constitucionales y legales de la entidad han otorgado a la Universidad Veracruzana a lo largo de sus ochenta años de existencia para el cumplimiento de los fines y funciones que el propio Estado le determina.