Reseña

La Constitución mexicana reconoce que en nuestro país coexisten diversas y numerosas culturas, entre las cuales se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Tal reconocimiento constitucional implica, para las personas que pertenecen a estos grupos, el respeto de sus derechos humanos y de las garantías plasmadas en el magno documento. Pero no sólo eso: como pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad (dado el contexto social, económico y político de nuestro país), las personas indígenas y afrodescendientes se hacen también acreedoras a protecciones diferenciadas que consideren su especificidad cultural.

Si una persona indígena o afrodescendiente se ve involucrada en un proceso penal (ya sea porque ha sido víctima de un delito, porque se le acusa de cometer uno o porque se le ha dictado sentencia como culpable), es necesario que conozca sus derechos para que pueda exigirlos oportunamente. Ése es el objetivo de este documento.