Reseña

Las leyes tributarias afectan el bienestar económico de los integrantes de una sociedad, ya que el pago de las contribuciones disminuye la cantidad de bienes y servicios que una persona puede adquirir para su uso o consumo. Para equilibrar esa disminución de recursos, el Estado debe ejercer un presupuesto de egresos que produzca beneficios al contribuyente, mediante servicios públicos, entre ellos, la seguridad social que incluye la salud. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la seguridad en su artículo 123, aunque sólo incluye a quienes prestan un servicio personal subordinado, dejando fuera a las personas que trabajan en forma independiente, como es el caso de las Personas Físicas con Actividad Profesional, que deben de cumplir con sus obligaciones tributarias, aunque carezcan de prestaciones, Comúnmente este tipo de contribuyentes debe de mantenerse activo de manera constante para generar ingresos y costearse sus propios seguros (de vida, de atención médica) así como su retiro. Ante esta evidente desigualdad tributaria, que incide en el bienestar y desarrollo de un sector importante de la sociedad, surge la necesidad de plantearse si el esquema tributario pudiera constituir una violación contra sus derechos humanos.
A pesar de que los derechos humanos son reconocidos universalmente, tutelados en la constitución federal, las personas físicas que realizan trabajo personal independiente (profesionales), entre otros, no solo se ven obligados a cubrir con su propio peculio sus gastos de salud propia y de sus dependientes económicos, sino que esos gastos no serán deducibles en su totalidad, pues la propia ley impuesto sobre la renta, limita los montos de deducibilidad de las llamadas deducciones personales, entre ellas la de los gastos médicos, violentando así sus derechos humanos a la salud y por ende a la vida, entre otros de tipo económicos y sociales.