Reseña

En los Estados actuales, no siempre son los gobiernos quienes ponen las “condiciones del juego” a la economía, como solía ser en antaño, sino, por el contrario, es la economía quien establece las condiciones a los Estados, acordando en dónde depositarán sus capitales para forzar las decisiones de la política.
La parte fiscal no escapa de dicho embate y, es por ello que, determinadas legislaciones mundiales prefieren flexibilizarse y terminan siendo paraísos fiscales para dar espacio a la dominación económica de los países fuertes, mientras que, otros toman una postura contraria y prefieren hacer más rígida su legislación para dar acceso a los beneficios fiscales solo a aquellos que puedan cubrir –y que de antemano se sabe que cubrirán– los altos requisitos legales que, previamente modificados, establece la ley.
Aquí, es importante ver que la regulación normativa solo puede arribar a las consecuencias de los actos de las personas, mas no al inicio de sus decisiones, dado que, la libertad contractual es un derecho fundamental, cuenta con el beneficio de indisponibilidad pasiva, es decir, de terceros incluyentes al Estado, y de disponibilidad activa de su propio titular. En tal sentido, la toma de decisiones, económicamente hablando, es libre para todas las personas y al Estado únicamente le corresponde acotar los límites de sus efectos, en tanto no afecten el derecho de terceros o constituyan ilícitos, considerados así por la legislación local. Es aquí en donde los principios son importantes, ya que, serán el límite y lineamiento para la toma de decisiones, tanto administrativas como legislativas.
Los principios, en tal sentido, tiene una estructura y una función que debe ser conocida en su totalidad, aunado a que pueden ser propios de diversas disciplinas, por eso, esta obra se divide en tres partes: la primera se enfoca en los principios jurídicos o constitucionales que se encuentran en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, en donde se advierten la proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público; la segunda parte se enfoca a los principios ético-políticos, en donde se encuentran los principios económicos y se refieren a la extrafiscalidad, simetría fiscal y el mínimo vital; para pasar, finalmente, a los principios presupuestarios en donde se encuentra la certidumbre jurídica, la oportunidad, la rentabilidad y la estabilidad para las finanzas públicas.