Reseña

El modelo de justicia juvenil propuesto por la Organización de las Naciones Unidas tiene cuatro pilares: la despenalización, la desjudicialización, el debido proceso y la diversificación.
Debido a que las Reglas de Beijing brinda las normas básicas que los Estados miembros deben seguir en la creación (legislación) y operación (proceso y ejecución) de los sistemas nacionales de justicia juvenil y al hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño vincula a los estados firmantes a observar los principios en ella contenidos (en específico los artículos 37 y 40).
El presente trabajo se enfoca en la desjudicialización misma que se materializa con la aplicación de los principios de interés superior de la persona menor de edad y mínima intervención, lo que deriva en la inclusión de formas alternativas de justicia y restaurativa (que no siempre es alternativa).
Al realizarse la armonización de las normas internacionales con los sistemas jurídicos nacionales la nomenclatura puede variar; sin embargo, el origen, objetivo y la finalidad de las formas alternativas de justicia no varía, pues lo que se busca con las formas no judiciales es reducir los efectos perniciosos que los sistemas ordinarios de justicia pueden tener en la vida de las personas jóvenes que viven el proceso penal, brindar una experiencia educativa y procurar su reinserción social y reintegración familiar, a lo que se debe sumar el respeto a los derechos de las víctimas entre los cuales destaca la reparación del daño en su más amplia acepción.
Tanto México como España al haber firmado y ratificado la Convención Sobre los Derechos del Niño y al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas y de diversos organismos de Derecho Internacional (Organización de Estados Americanos -México- y Consejo de Europa y Unión Europea -España-) han implementado sistemas especializados en materia de justicia juvenil con la finalidad de garantizar los derechos humanos (garantías procesales) de las personas menores de edad investigadas, procesadas y sentenciadas por la comisión de un delito. En dichos sistemas han contemplado la existencia de formas alternativas de justicia e incluso de algunos mecanismos de justicia restaurativa, que tienen como finalidad materializar los principios de interés superior de la PME y mínima intervención, con el objetivo de coadyuvar a su reintegración y óptimo desarrollo.