Reseña

La OCDE ha denominado al siglo XXI como el siglo metropolitano. La razón es contundente, ya que el 85% de la población mundial vivirá en ciudades a finales del siglo (OCDE, 2015).
En nuestro país pasa algo similar. En 2018 la población que vivía en alguna de las 401 ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional llegaba a 74%. Dentro de ese total, 59 son zonas metropolitanas, de las cuales, siete son transfronterizas; una tiene más de 10 millones de habitantes -la megaciudad de Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); otras 10 tienen entre uno y cinco millones; y en las 48 restantes viven entre 100 mil y un millón de habitantes (ONU hábitat, 2017).
Para cumplir el compromiso de mejorar la calidad de vida en sus ciudades y garantizar a sus pobladores el Derecho a la Ciudad, es imprescindible, como punto de partida, el consenso político necesario para enfrentar la desigualdad e inequidad que priva en ellas, fortalecer la estructura institucional, con instrumentos y mecanismos que garanticen una gobernanza suficiente para diseñar e implementar las políticas de justicia socio espacial necesarias para tal fin. Un ejemplo de esas políticas públicas inaplazables es dar opciones viables a los más de 36 millones de pobres urbanos, muchos de ellos mujeres jefas de familia, que seguirán habitando la periferia de las ciudades, mientras que las oportunidades y recursos se concentran en la ciudad central (CONEVAL, 2012).